Logo
M E N U
INICIO
CONTACTAR
DIRECTORIO EMPRESAS
Búsqueda personalizada
viernes, 14 de diciembre de 2018
Noticias de prensa relacionadas con la economía y la Construcción
Economía
Economía

  • Banco Sabadell ultima la venta de su inmobiliaria Solvia al fondo sueco Intrum
    Banco Sabadell se prepara para hacer caja con la venta de su plataforma de gestión de activos inmobiliarios. La entidad presidida por José Oliu negociaba ayer la venta de Solvia al fondo sueco Intrum, que aglutinó el «servicer» Aktua tras su fusión con Lindorff y que se habría impuesto en la transacción al fondo estadounidense Cerberus, dueño de la gestora Haya Real Estate, y el fondo británico Centricus. Aunque Cerberus parecía partir como favorito en después de que el pasado verano adquiriese 9.100 millones de euros brutos (3.900 millones en valor neto contable) en activos inmobiliarios del Sabadell, básicamente viviendas y suelo, al final Intrum habría hecho la oferta más alta. La dirección del cuarto banco español y el fondo de inversión negociaban a última hora de ayer los términos del acuerdo de compraventa, que al cierre de esta edición aún no habían sido comunicados al mercado, incluido el precio. La valoración inicial de Solvia se situaba, según distintas informaciones, en unos 400 millones de euros. La compra de esta plataforma, participada al 100% por el Sabadell, incluye solo la gestora, sus empleados ?unos 800?, su red de oficinas -41 franquicias y 19 puntos de venta propios- y los contratos de gestión de activos que tiene con el propio Sabadell y con la Sareb. Solvia, que el año pasado facturó casi 163 millones de euros, gestiona en total una cartera de 141.000 activos, entre créditos e inmuebles, valorados en casi 31.000 millones de euros. Ahora bien, la transacción no incluye esos activos, ya que estos están en su balance, sino en los del banco catalán y en el de la Sareb, sus clientes. Con esta operación, el Sabadell sigue finalmente el paso dado antes por todos sus competidores de vender su «servicer» a un fondo. El Santander se desprendió de Altamira vendiéndolo a Apollo y de Aliseda (Popular) cediéndolo a Blackstone; BBVA vendió la infraestructura de Anida a Cerberus, que se hizo también con Bankia Habitat, y más recientemente Caixabank enajenó Servihabitat vendiendo la filial inmobiliaria al fondo Lone Star. A pesar de la presión del BCE para que los bancos se desprendan de todo su negocio del ladrillo, el Sabadell fue el que más apostó por desarrollar su «servicer» por cuenta propia, pero siempre con el objetivo de ponerla en valor para después sacarle más beneficio con su enajenación. La venta podría permitir a la entidad reforzar sus niveles de capital y reducir costes. Por su parte, Intrum, recupera peso en el negocio de los «servicers» después de perder el contrato de gestión de activos de BMN y que tras la fusión de esta entidad con Bankia ganó Cerberus (Haya Real Estate)

  • Los sindicatos examinarán las cuentas de las empresas antes de hacer un ERE
    El Gobierno se ha propuesto desmontar la reforma laboral como avanzó Pedro Sánchez antes de llegar a La Moncloa y esto implicará devolver el poder perdido a los sindicatos con la reforma laboral de 2012. Su protagonismo en las decisiones empresariales será de primer nivel, sobre todo en casos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo y de despido colectivo, si prosperan los cambios que ha diseñado el departamento que dirige Magdalena Valerio. Todas sus medidas van encaminadas a este objetivo. Una de las más significativas será devolver la prevalencia al convenio sectorial frente al de empresa, pero también reforzar el papel decisorio de los sindicatos en las extinciones colectivas de empleo, en las modificaciones de las condiciones laborales y en la limitación de los denominados descuelgues. El Ministerio de Trabajo ha trasladado una propuesta de negociación a a los agentes sociales que obligará a las empresas a entregar a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral la «documentación contable y fiscal y los informes técnicos que justifiquen un despido colectivo», según el borrador de negociación al que ha tenido acceso ABC. La legislación actual no es tan precisa. El artículo 51 de Estatuto de los Trabajadores, el que hace referencia a los despidos colectivos, no fue alterado por la reforma laboral de 2012. Su redacción actual tan solo hace referencia a que las empresas deberán trasladar a la autoridad laboral y a los representantes legales de los trabajadores «la información necesaria para acreditar las causas motivadoras del despido». El proyecto presentado en las mesas del diálogo social también modifica los requisitos que deben acompañar la comunicación de la apertura del periodo de consultas previo al despido colectivo. Así, a los requisitos actuales se suman dos nuevos que aumentar el poder de los sindicatos en las empresas. El primero de ellos establece que el empresario entregará «copia de la comunicación» a los trabajadores o a sus representantes por la dirección de la empresa «de su intención de iniciar el procedimiento de despido colectivo». Además, el texto del Ejecutivo fija que esa copia también se entregará a «los representantes de los trabajadores que integrarán la comisión negociadora o, en su caso, se indicará la falta de constitución de esta en los plazos legales». Las modificaciones propuestas también afectan al capítulo de impugnaciones, al apartado 6 del mismo artículo 51 del Estatuto. A la redacción actual se añade una coletilla en la que se asegura que tanto si existe acuerdo o desacuerdo, antes de un ERE la decisión empresarial también podrá ser impugnada ante la Jurisdicción social cuando en el informe que se eleve a la Inspección de Trabajo «conste la falta de existencia de la causa alegada por la empresa o una manifiesta desproprocionalidad entre la misma y la gravedad de la medida prevista». Mantener el empleo Los comités de empresa también aumentarán su poder de control cuando la empresa modifique las condiciones de trabajo (jornada, horarios, salarios, sistema de trabajo...), es decir cuando concurran razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Los cambios que el Gobierno quiere aprobar a espaldas de la CEOE añaden a la legislación actual que este cambio sustancial de las condiciones de trabajo se podrán realizar cuando las causas que alegue la empresa «contribuyan a prevenir una situación económica negativa de la empresa o a mejorar la situación y perspectivas de la misma a través de una más adecuada organización de sus recursos, que favorezca su posición competitiva en el mercado, una mejor respuesta a las exigencias de la demanda o el mantenimiento del empleo en la empresa». El documento de trabajo deja claro que la intervención como interlocutores ante la empresa corresponde a la secciones sindicales cuando tengan la representación mayoritaria en los comités de empresa o entre los delegados de personal de los centros de trabajo afectados. Una novedad que se introduce en la norma es para el caso de que en el centro en el que se quieren modificar la condiciones de trabajo no haya representación legal de los trabajadores. En este supuesto se asegura que los empleados podrán atribuir su representación para la negociación del acuerdo, a una comisión de un máximo de tres miembros integrada por trabajadores de la propia empresa o por una comisión de igual número de componentes designados según su representatividad por los sindicatos con más peso en el sector al que pertenezca la empresa. En el caso de que la empresa quiera aplicar movilidad geográfica a sus trabajadores, los cambios propuestos endurecen las causas para que el empresario pueda llevarla a cabo. Así, estará justificado el traslado de ciudad cuando «contribuya a prevenir una situación económica negativa de la empresa o a mejorar la situación y perspectivas de la misma a través de una más adecuada organización de sus recursos, que favorezca su posición competitiva , una mejor respuesta a las exigencias de la demanda o la viabilidad del empleo en la empresa». Salvar empresas Las inaplicaciones de convenios o descuelgues que fomentó la reforma laboral del Gobierno de Rajoy también están en la diana. La ministra Valerio ya advirtió que el Ejecutivo quería evitar que las empresas dejaran de aplicar lo pactado por convenio sin una justificación real y sus intenciones ya han quedado plasmadas en un documento. Si prosperan los planes del Ejecutivo será mucho más difícil para una empresa hacer un descuelgue, un instrumento que era residual en las relaciones laborales hasta que 2012 se aprobó la reforma laboral. Con esta norma se dispararon hasta convertirse en un instrumento clave para salvar la situación económica de una empresa. El texto al que ha tenido acceso este periódico anula las facilidades que introdujo la reforma y es mucho más exigentes con los requisitos para que una empresa se pueda saltar lo pactado en un convenio. Así, aquella que pretenda hacer un descuelgue en los supuestos que permite la ley (salarios, jornada, turnos...) deberá tener causas «justificadas» y realizarlo cuando «haya sufrido una disminución persistente de su nivel de ingresos o las condiciones pactadas en el convenio coloquen en una situación económica negativa a la empresa o al mantenimiento del empleo». La nueva redacción exige que las empresas «deberán dejar constancia expresa del modo en que la adopción de estas medidas contribuye a mejorar el mantenimiento de la empresa y del empleo, así como el procedimiento periódico de seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas». La redacción actual es muy diferente. Solamente se refiere a causas económicas, pero en ningún caso de «justiticadas» y permite inaplicar condiciones laborales simplemente cuanto existan «pérdidas actuales o previstas».

  • Sacyr cae un 15% en Bolsa tras un laudo desfavorable sobre el Canal de Panamá
    El laudo que establece que Sacyr debe pagar a Panamá 225 millones de euros por la devolución de los anticipos relacionados con las obras de ampliación del Canal de Panamá, conocido el miércoles, ha penalizado la cotización de la constructora. La compañía presidida por Manuel Manrique se ha desplomado un 15,24% en el Mercado Continuo, una caída que dejó el precio de su acción en 1,6 euros. El caso se conoció el miércoles, cuando la Cámara Internacional de Comercio (ICC) de Miami emitió un laudo en el que establecía que el consorcio encargado de la ampliación del Canal de Panamá, Grupo Unidos por el Canal (GUPC) -del que Sacyr forma parte junto a la italiana Impregilo, la belga Jan De Nul, y la panameña Constructora Urbana- debía devolver ahora los adelantos que recibieron de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en 2009 para poner en marcha la faraónica obra, que está operativa desde 2016. El importe total de este adelanto asciende a 547,96 millones de dólares (unos 482 millones de euros) en concepto de costes de movilización e instalación de plantas. Entre ellos, Sacyr se hará cargo de 225 millones. A esta cifra se unirán, previsiblemente, otros 125 millones. Y es que una corte judicial de Londres tiene entre manos otro laudo motivado por adelantos valorados en 290 millones de dólares concedidos por Panamá al consorcio en 2014. Habrá que esperar hasta marzo para conocer la resolución, pero todo apunta a que tendrá el mismo deselance que este laudo. Al contrato firmado entre ambas partes establecía que sería en junio de 2018 cuando se publicaría la resolución del caso de los anticipos. Pese a ello, GUPC reclamó que estos laudos vieran la luz al mismo tiempo que los de los arbitrajes técnicos que determinarán qué parte es responsable de los sobrecostes que surgieron a lo largo del proyecto. Un procedimiento en el que el consorcio reclama 3.600 millones de dólares a Panama y que tardará varios años en ser resuelto. Precisamente esta previsible demora provocó la petición de coordinación en los laudos por parte del consorcio. Finalmente esta sincronización no ha sido posible. Pese a ello, Sacyr asegura que el pago de los anticipos no tendrá impacto ni en su cuenta de resultados ni en su política de dividendos. Así lo aseguró ayer la constructora en un comunicado en el que también aclaraba que ya ha abonado los 225 millones que le corresponde. La compañía asegura que ya tenía previsto el impacto de estas sentencias. Y, para hacerlas frente, firmó un nuevo derivado con cargo a su participación del 8,1% en Repsol por el que ha obtenido 125 millones y un crédito sindicado de 225 millones de euros por un periodo de 5 años con dos de carencia. Un préstamo que Sacyr «tiene previsto amortizar conforme se vaya produciendo el desenlace final de los diversos arbitrajes existentes», tal y como afirmó ayer la compañía.


BOIB BOE
ENCUESTAS
¿Crees que en Baleares la Construcción esta en crisis?
 
WEBS INTERESANTES
Revista de Arte
Revista de Zapatos
Revista de Ciencias
Posts de Opinión
Tienda de Zapatos
Constelaciones Familiares en España
Artista Plástico Visual
Revista de Zapatos